Los contratos secretos de ANDE: 943 MW bajo llave
ANDE administra contratos de criptomineria y data centers que afectan al 13% de Itaipu sin que los ciudadanos conozcan las condiciones. Decretos paralelos derogados, una renuncia y cero respuestas.
En 2025, cuarenta y una empresas consumieron 5.465 GWh a traves del Programa de Grandes Consumidores de Energia Intensiva (GCIE) de la ANDE. La mayoria son criptomineras y data centers. Esa cifra equivale al 18,6% de la energia total que la empresa distribuyo en todo el pais. El precio que pagaron? Nadie lo sabe con certeza. La tarifa oficial dice “30 dolares por megavatio-hora”, pero los documentos internos revelan que el rango real va de 37 a 60 dolares segun el nivel de tension. Y hay un contrato que genera mas ruido que todos los demas juntos: el de Atome, que pidio una tarifa fija de 30 dolares por MWh a 10 anos bajo el Decreto 5307, mientras el costo de generar energia para la ANDE ronda los 28 dolares por MWh segun el estudio Ceare.
En resumen:
- ANDE administra 943,8 MW de potencia reservada para 41 empresas bajo el GCIE, equivalente al 13,5% de la capacidad que Paraguay recibe de Itaipu.
- La tarifa oficial de 30 US$/MWh aplica solo a Muy Alta Tension (220 kV); el rango real es de 37 a 60 US$/MWh segun nivel de conexion.
- Cuatro decretos presidenciales (enero-abril 2026) intentaron extender beneficios por 15 anos. Fueron derogados en junio tras presion sindical.
- El presidente de la ANDE, Felix Sosa, renuncio en julio de 2026. Su sucesor, Miguel Baez, recibio un informe confidencial cuyo contenido no se ha publicado.
- El Programa perdio el 42% de sus empresas en un ano (de 71 a 41), y las cuatro mas grandes concentran el 77% de la potencia total.
- La Ley 5282/2014 de transparencia obliga a responder solicitudes de informacion en 15 dias habiles. Los contratos GCIE no han sido publicados pese a anos de vigencia.
Que es el GCIE y por que importa
El GCIE es un programa de tarifas diferenciadas creado por la Resolucion ANDE 47191/2022, en el marco del Decreto del Poder Ejecutivo 7824/2022, y regulado por la Resolucion ANDE 49238/2024. Su objetivo es atraer clientes de alto consumo energetico —principalmente criptomineras y data centers— ofreciendo precios por debajo de la tarifa comun. La logica es simple: si una empresa consume mucha energia, se le hace un descuento para que se instale en Paraguay y genere empleo.
El programa ha crecido rapido. En 2023, la potencia reservada era de unos 125 MW. Para 2025, llego a 822 MW. A julio de 2026, la cifra oficial es de 943,8 MW, distribuidos en 41 empresas. Para dimensionar: eso equivale a la capacidad de 1,3 centrales termicas a gas, o al consumo de unas 350.000 hogares paraguayos.
Pero el crecimiento tiene un costo. La Resolucion 49238 establece que la tarifa base es de 30 dolares por MWh, una cifra que suena baja pero que necesita contexto. Ese precio aplica exclusivamente a empresas conectadas a Muy Alta Tension (220 kV). Para quienes estan en Alta Tension (66 kV), la tarifa real es de 37,08 US$/MWh. En Media Tension (23 kV), la cifra sube a 59,76 US$/MWh. El “30 dolares” es, en realidad, un techo que casi nadie alcanza.
La concentracion del poder energetico
Los datos internos revelan una concentracion extrema. Cuatro empresas controlan 730 MW de los 943,8 MW totales: el 77% de la potencia reservada esta en manos de apenas el 10% de las empresas participantes. Este desbalance significa que las decisiones sobre tarifas y condiciones no se toman pensando en “las 41 empresas”, sino en cuatro gigantes que tienen mas peso negociador que toda la residencia de Encarnacion junta.
La dinamica es reveladora. Mientras las empresas grandes mantienen sus beneficios, las pequenas estan saliendo del programa. En 2025, eran 71 empresas inscritas. Hoy son 41. Una reduccion del 42% en un solo ano. Los operadores mas chicos, que no tienen el volumen para negociar condiciones ventajosas, estan abandonando el GCIE. El programa esta becoming un club exclusivo para los mas grandes.
La saga politica: decretos paralelos y una renuncia
La cronologia de 2026 es un caso de estudio en como la politica energetica se maneja a puertas cerradas.
Enero-febrero 2026: El gobierno publica los decretos 5306 y 5307, que crean un esquema paralelo al GCIE para “industrias convergentes” (IA, data centers, cloud) y “Power to X” (hidrogeno verde, amoniaco). Los decretos ofrecen contratos en dolares a 15 anos. No son extensiones del GCIE: son marcos regulatorios distintos, aunque relacionados. Los decretos se publican sin debate publico ni analisis de impacto.
Marzo-abril 2026: Llegan los decretos 5860 y 5861, que amplian el esquema paralelo. Un decreto adicional autoriza la contratacion de capacidad adicional. Los cuatro decretos originalmente contemplaban una expansion masiva.
Mayo 2026: La presion interna comienza. El sindicato de la ANDE, SITRANDE, denuncia publicamente que “desde hace 30 anos no hay informacion sobre las condiciones de estos contratos”. Empleados de la empresa cuestionan la transparencia del proceso.
9 de junio de 2026: En un movimiento sorpresa, la ANDE deroga los cuatro decretos. La decision no es tecnica: es politica. La presion sindical y la incomodidad interna con las condiciones de algunos contratos, especialmente el de Atome, fuerzan el retroceso.
27 de julio de 2026: Felix Sosa, presidente de la ANDE desde 2023, renuncia. Se niega a aplicar los decretos que habian sido derogados y que algunos sectores presionaban por restaurar. Su carta de renuncia no fue publica, pero la decision fue clara: no iba a ser el firmante de condiciones que consideraba lesivas para la empresa.
27 de julio de 2026: Miguel Baez asume la presidencia de la ANDE. Recibe un informe sobre las condiciones tarifarias de los contratos GCIE. El informe es confidencial. Su contenido no se ha hecho publico.
9 de agosto de 2026: Cinco diputados nacionales solicitan formalmente informacion sobre los contratos GCIE. A la fecha de este articulo, no han recibido respuesta.
El contrato de Atome: el elefante en la habitacion
En el centro de la tormenta politica esta el proyecto de Atome, una empresa que busca operar bajo el Decreto 5307 (Power to X) con una tarifa fija de 30 dolares por MWh a 10 anos. La cifra es controversial por dos razones.
Primero, esta por debajo del costo medio de generacion de la ANDE, que el estudio Ceare ubica en aproximadamente 28 US$/MWh. Tambien esta lejos del precio que la ANDE paga a Itaipu por la potencia que reserva: 19,28 dolares por kilovatio-mes, una tarifa que subio un 15% desde 2023.
Segundo, Atome no es una empresa pequena. Su inversion declarada es de 665 millones de dolares y genera 300 empleos permanentes. Es exactamente el tipo de proyecto que el Decreto 5307 fue disenado para atraer. Pero las condiciones propuestas han generado un debate sobre si el beneficio para el pais justifica el costo para el sistema electrico.
La tension no es nueva. Los 6.300 MW que empresas interesadas han manifestado como demanda potencial superan ampliamente los 3.200 MW que la ANDE considera disponibles para el programa. Hay 3.000 MW adicionales en proceso de consulta, lo que significa que la presion por mas contratos preferenciales no va a disminuir.
La comparacion que incomoda: Itaipu vs ANDE
La forma mas simple de entender el problema de transparencia es comparar a las dos principales empresas energeticas del pais.
Itaipu Binacional publica sus contratos, sus licitaciones y sus condiciones comerciales en la Gaceta Oficial y en su portal web. Cualquier ciudadano puede acceder a los terminos de compra y venta de energia. La empresa binacional opera bajo estandares internacionales de transparencia, y sus auditorias son revisables.
La ANDE, en cambio, administra contratos que afectan al 13,5% de la capacidad energetica de Paraguay sin que las condiciones sean publicas. La Ley 5282/2014 de transparencia publica establece que los organismos del estado deben responder solicitudes de informacion en un plazo de 15 dias habiles (Articulo 16). Han pasado anos desde que se firmaron los primeros contratos GCIE. Ninguno ha sido publicado.
La situacion no es solo una cuestion de voluntad politica. Es un problema estructural. La ANDE opera bajo la Ley 966/1964 (su carta organica), que le da autonomia administrativa pero no le exige los mismos niveles de transparencia que una empresa binacional. La brecha entre lo que exige la ciudadania y lo que la ley obliga a la ANDE a publicar es, precisamente, el espacio donde se negocian estas condiciones.
Quien paga la nota
La pregunta que ningun funcionario quiere responder es simple: si las empresas del GCIE pagan menos de lo que cuesta la energia, quien cubre la diferencia?
La respuesta esta en el concepto de “subsidio cruzado”. La ANDE opera con un esquema donde los usuarios industriales (que pagan tarifas mas altas que las del GCIE) subsidian implicitamente a los usuarios residenciales (que pagan tarifas reducidas). Pero dentro de ese esquema, los grandes consumidores intensivos representan una zona gris: pagan menos que la tarifa tecnica, pero consumen mas que cualquier residencia.
El estudio Ceare de la UBA, financiado por el BID, proyecta que la tarifa media de la ANDE deberia pasar de 49,2 a 68,6 US$/MWh entre 2024 y 2030, un incremento del 39,4%. Para los usuarios de alta tension �los del GCIE�, el ajuste seria del 45,6%, pasando de 35,3 a 51,4 US$/MWh.
El impacto en los hogares ya es visible. Segun la Encuesta Nacional de Habitos y Practicas de Consumo de Energia Domestica (ENDSA) de 2019, 350.000 hogares paraguayos no pueden pagar la factura basica de electricidad. La ANDE maneja un programa de subsidio directo para unos 280.000 usuarios sociales, con tarifas de 10 a 21 US$/MWh. Pero ese subsidio tiene un costo: la insuficiencia de rentabilidad acumulada de la ANDE ronda los 1.800 millones de dolares en 2025, segun datos de la empresa y el Consejo Nacional de Tarifas de Electricidad (CNRTC).
La ecuacion es cruda: 41 empresas del GCIE consumen el 18,6% de la energia total, pero las condiciones bajo las cuales pagan no son publicas. 350.000 hogares no pueden pagar su factura, y la tarifa va a subir un 39% en cuatro anos. Y la empresa que administra todo esto tiene una deuda acumulada que crece cada ano porque no puede trasladar sus costos reales al precio.
La pregunta abierta
Lo que queda despues de este analisis no es una conclusion, sino una pregunta: Paraguay puede darse el lujo de tener 943 MW de capacidad energetica bajo contrato sin transparencia?
Los defensores del GCIE argumentan que los contratos son necesarios para atraer inversion extranjera. Atome, con su inversion de 665 millones de dolares y 300 empleos, es el ejemplo que se cita. Pero la comparacion con Itaipu demuestra que transparencia y atraccion de inversion no son mutuamente excluyentes: la binacional publica sus condiciones y sigue siendo el mayor proveedor de energia del pais.
Los criticos senalan que el GCIE se ha convertido en un mecanismo para transferir riqueza de los consumidores residenciales a las grandes empresas, sin que el beneficio para el pais sea proporcional al costo. La reduccion del 42% en empresas participantes sugiere que el programa no esta cumpliendo su objetivo de democratizar el acceso a energia barata: se esta convirtiendo en un beneficio para los mas grandes.
Lo que es innegable es que la ciudadania no tiene acceso a la informacion basica para evaluar estas condiciones. Los diputados que pidieron datos en agosto no han recibido respuesta. El informe de Baez es confidencial. Los contratos no se han publicado. Y la tarifa, como proyecta el Ceare, va a subir.
Mientras tanto, los 943,8 MW siguen bajo llave.
Fuentes:
- ANDE, Resolucion 49238/2024 (Pliego de Tarifas No. 21)
- ANDE, Resolucion 47191/2022 (creacion del GCIE)
- Decreto del Poder Ejecutivo 7824/2022 (marco regulatorio)
- ANDE, datos operativos 2024-2025
- Ley 5282/2014 (Transparencia publica)
- Estudio Ceare UBA/BID (diciembre 2025)
- ABC Color, cobertura politica energetica (enero-agosto 2026)
- La Nacion, solicitud diputados (agosto 2026)
- Encuesta Nacional de Habitos y Practicas de Consumo de Energia domestica (ENDSA 2019)
Metodologia: Este articulo se basa en datos publicos de la ANDE, legislacion paraguaya verificada en BACN, y estudios tecnicos del Ceare y el BID. Los datos de empresas individuales provienen del registro operativo de la ANDE. Las proyecciones tarifarias corresponden al escenario base del estudio Ceare.
Articulo elaborado con la asistencia de inteligencia artificial y supervisado por el editor humano de muchotexto.net.
