ANDE oculta 943 MW de contratos GCIE bajo llave
943 MW de criptominería bajo contrato secreto en la ANDE. Tarifas, decretos derogados y una renuncia que la empresa no quiere explicar.
En 2025, cuarenta y una empresas —la mayoría criptomineras y data centers— operaban bajo el Programa de Grandes Consumidores de Energía Intensiva (GCIE) de la ANDE, con una potencia reservada total de 943,8 MW. Su consumo combinado alcanzó 5.465 GWh, el 18,6% del consumo total nacional de 29.419 GWh. Eso equivale al 13,5% de los 7.000 MW de potencia que corresponden a Paraguay en Itaipú. Las tarifas del programa están reguladas por la Resolución ANDE 49238/2024 y son públicas. Pero las condiciones particulares de cada contrato no lo están: un acuerdo entre la ANDE y Atome Paraguay está disponible en el portal de transparencia, pero es la excepción, no la regla. Y un proyecto de Atome que busca una tarifa fija de 30 dólares por MWh a 10 años bajo el Decreto 5307 generó la crisis política más intensa del sector energético en años.
En resumen:
- ANDE administra 943,8 MW de potencia reservada para 41 empresas bajo el GCIE, equivalente al 13,5% de la potencia de Paraguay en Itaipú (7.000 MW).
- La Resolución 49238/2024 establece tarifas por nivel de tensión (220 kV, 66 kV, 23 kV). Las tarifas generales son públicas; las condiciones individuales de cada contrato, no.
- Cuatro decretos presidenciales (enero-abril 2026) crearon un esquema paralelo para industrias convergentes y Power to X. Fueron derogados el 9 de junio.
- Félix Sosa dejó la presidencia de la ANDE en julio de 2026. Miguel Báez asumió como sucesor.
- El Programa perdió el 42% de sus empresas en un año (de 71 a 41), y las cuatro más grandes concentran el 77% de la potencia total.
- La Ley 5282/2014 de transparencia obliga a responder solicitudes de información en 15 días hábiles. Los contratos individuales del GCIE no son de consulta habitual.
Qué es el GCIE y por qué importa
El GCIE es un programa de tarifas diferenciadas creado por la Resolución ANDE 47191/2022, en el marco del Decreto del Poder Ejecutivo 7824/2022, y regulado por la Resolución ANDE 49238/2024. Su objetivo es atraer clientes de alto consumo energético —principalmente criptomineras y data centers, según la propia definición del reglamento— ofreciendo tarifas diferenciadas por nivel de tensión.
El programa ha crecido rápido. En 2023, la potencia reservada era de unos 125 MW. Para 2025, llegó a 822 MW. A julio de 2026, la cifra oficial es de 943,8 MW, distribuidos en 41 suministros activos.
La Resolución 49238 establece tarifas para cuatro categorías: Muy Alta Tensión (220 kV), Alta Tensión (66 kV), Media Tensión Estación (23 kV) y Media Tensión Línea (23 kV). Los valores varían según el nivel de tensión y el horario (punta/fuera de punta). La tarifa de referencia de 30 US$/MWh que se cita frecuentemente corresponde a un componente específico; la tarifa técnica de la ANDE —el costo real de suministro— es de aproximadamente 44 US$/MWh a nivel de 220 kV, según confirmó el entonces presidente Félix Sosa en junio de 2026.
La concentración del poder energético
Cuatro empresas concentran 730 MW de los 943,8 MW totales: el 77% de la potencia reservada está en manos de apenas el 10% de las empresas participantes. Según ABC Color, las cuatro principales son Cademot (300 MW), Zuns (200 MW), Muiden (130 MW) y W3X (100 MW) —todas del sector criptominería.
La dinámica es reveladora. En 2025, eran 71 empresas inscritas. Hoy son 41. Una reducción del 42% en un solo año.
La saga política: decretos paralelos y una renuncia
La cronología de 2026 es un caso de estudio en cómo la política energética se maneja a puertas cerradas.
Enero-febrero 2026: El gobierno publica los decretos 5306 y 5307, que crean un esquema paralelo al GCIE para “industrias convergentes” (IA, data centers, cloud) y “Power to X” (hidrógeno verde, amoníaco). Los decretos ofrecen contratos en dólares a largo plazo. No son extensiones del GCIE: son marcos regulatorios distintos, aunque relacionados.
Marzo-abril 2026: Llegan los decretos 5860 y 5861, que amplían el esquema paralelo. Un decreto adicional autoriza la contratación de capacidad adicional.
Mayo 2026: El sindicato de la ANDE, SITRANDE, cuestiona públicamente la opacidad de las condiciones contractuales del programa.
9 de junio de 2026: La ANDE deroga los cuatro decretos. Según la empresa, la decisión responde a un análisis técnico interno; SITRANDE y sectores críticos la atribuyen a la presión gremial y a cuestionamientos sobre las condiciones del proyecto de Atome.
27 de julio de 2026: Félix Sosa deja la presidencia de la ANDE. Agencia IP confirmó que Santiago Peña designó a Miguel Báez como nuevo titular el mismo día. El Equipo Económico Nacional habría enviado a Báez una nota solicitando un “informe técnico sobre la disponibilidad de potencia”, según El Nacional.
9 de agosto de 2026: Cinco diputados nacionales solicitan formalmente información sobre los contratos GCIE. A la fecha de este artículo, no se ha confirmado públicamente una respuesta.
El proyecto de Atome: el elefante en la habitación
En el centro de la tormenta política está la propuesta de Atome, una empresa que busca operar bajo el Decreto 5307 (Power to X) con una tarifa fija de 30 dólares por MWh. La cifra es controversial.
La ANDE confirmó públicamente que Atome solicitaba 30 US$/MWh, mientras la empresa estatal señalaba una tarifa técnica de 44,33 US$/MWh como costo real de suministro. El entonces presidente Sosa explicó que la tarifa técnica incluye el costo de compra a las binacionales más transmisión, pérdidas y costos comerciales. La diferencia entre 30 y 44 implica un subsidio que, según cálculos de la ANDE, podría rondar los 322 millones de dólares anuales.
Atome no es una empresa pequeña. Su inversión declarada es de 665 millones de dólares. Pero las condiciones propuestas han generado un debate sobre si el beneficio para el país justifica el costo para el sistema eléctrico.
La tensión no es nueva. Según Última Hora, la demanda de empresas interesadas alcanza los 6.300 MW, una cifra que supera ampliamente la capacidad disponible del sistema.
La comparación que incomoda: Itaipú vs ANDE
La forma más simple de entender el problema de transparencia es comparar a las dos principales empresas energéticas del país.
Itaipú Binacional tiene una sección oficial de transparencia y gestiona sus contratos y licitaciones con publicidad. La ANDE, en cambio, administra un programa que afecta al 13,5% de la potencia del país sin que las condiciones individuales de cada contrato sean de consulta habitual.
La Ley 5282/2014 de transparencia pública establece que los organismos del estado deben responder solicitudes de información en un plazo de 15 días hábiles (Artículo 16). La ANDE tiene una Oficina de Acceso a la Información Pública. Pero los contratos individuales del GCIE no aparecen en la sección de transparencia de forma habitual. La excepción es el contrato de ANDE con Atome Paraguay (60 MW, vigente hasta 2032), que está disponible en el portal de información pública del país.
La ANDE opera bajo la Ley 966/1964, su carta orgánica, que le da autonomía administrativa. La Ley 5282 incluye a las empresas públicas como fuentes de información pública, lo que significa que los contratos del GCIE deberían estar comprendidos en las obligaciones de transparencia.
Quién paga la nota
La pregunta que los analistas se hacen es simple: si las empresas del GCIE pagan menos de lo que cuesta la energía, ¿quién cubre la diferencia?
El estudio Ceare de la UBA, financiado por el BID y presentado en diciembre de 2025, ubica el costo medio de generación de la ANDE en 24 US$/MWh para 2023. El entonces presidente Sosa aclaró que ese costo ya subió a unos 28 US$/MWh tras los incrementos de tarifas de las binacionales. La tarifa técnica de suministro a nivel de 220 kV es de 44,33 US$/MWh, según la propia ANDE.
El estudio Ceare proyecta que la tarifa media de la ANDE debería pasar de 49,2 a 68,6 US$/MWh entre 2024 y 2030, un incremento del 39,4% en el escenario base. Para los usuarios de alta tensión —los del GCIE—, el ajuste proyectado sería del 45,6%, pasando de 35,3 a 51,4 US$/MWh. Son proyecciones del estudio, no tarifas aplicadas.
La ANDE maneja un programa de subsidio directo para unos 280.000 usuarios sociales, con tarifas reducidas. La insuficiencia de rentabilidad acumulada de la ANDE, según el estudio Ceare presentado por el investigador Barrios y citado por ABC Color, pasó de 468 millones de dólares en 2002 a unos 1.800 millones en 2025.
La pregunta abierta
Lo que queda después de este análisis no es una conclusión, sino una pregunta: ¿Paraguay puede darse el lujo de tener 943 MW de potencia reservada sin que las condiciones individuales de cada contrato sean de acceso público habitual?
El proyecto de Atome, con su inversión de 665 millones de dólares, es el ejemplo que citan los defensores del esquema. La comparación con Itaipú demuestra que la binacional publica sus condiciones y sigue siendo el mayor proveedor de energía del país.
Lo que es innegable es que la ciudadanía no tiene acceso fácil a la información básica para evaluar estas condiciones. Los diputados que pidieron datos en agosto no han confirmado respuesta. Los contratos individuales no aparecen en la sección de transparencia de la ANDE de forma habitual. Y el estudio Ceare proyecta un aumento tarifario que, si se concreta, recaería en todos los usuarios.
Mientras tanto, los 943,8 MW de potencia reservada siguen operando bajo un marco regulatorio cuyas condiciones individuales son, en su mayoría, de conocimiento limitado.
Artículos relacionados:
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Ver también: Página pilar — IA en Paraguay
Fuentes:
- ANDE — Resolución 49238/2024 (Pliego de Tarifas Nº 21)
- ANDE, Resolución 47191/2022 (creación del GCIE)
- Decreto del Poder Ejecutivo 7824/2022 (marco regulatorio)
- Contrato ANDE-Atome Paraguay (60 MW, 2022-2032)
- Ley 5282/2014 (Transparencia pública)
- Estudio Ceare UBA/BID (diciembre 2025) — citado por ABC Color
- ABC Color — “Solo cuatro criptomineras consumen más que una turbina de Itaipú”
- ABC Color — “Criptominería inyectará US$ 350 millones a la ANDE en 2026”
- Última Hora — “ANDE: pedidos de industrias superan a la potencia disponible de Itaipú”
- Agencia IP — “Peña designa nuevo presidente en la ANDE”
- El Nacional — “Sacaron a Félix Sosa para destrabar millonario negocio energético”
- Hoy — “Contrato con Atome: ANDE mantiene postura a favor de una tarifa justa”
- Datos públicos ANDE — datospublicos.muchotexto.net — consumo por categoría, potencia reservada, clientes
Metodología: Este artículo combina información pública oficial de ANDE, normativa paraguaya verificada en BACN, estudios técnicos del Ceare y el BID, y cobertura periodística de ABC Color, Última Hora, Hoy, El Nacional y Agencia IP. Los datos de empresas individuales provienen del registro operativo de la ANDE y de cobertura de prensa basada en esos registros. El consumo de electrointensivas (5.465 GWh) y la composición por categorías provienen de la capa de datos verificados de ANDE en datospublicos.muchotexto.net. Las proyecciones tarifarias corresponden al escenario base del estudio Ceare.
Artículo elaborado con la asistencia de inteligencia artificial y supervisado por el editor humano de muchotexto.net.
