Lo que Itaipú le enseña a Paraguay sobre inteligencia artificial
Itaipú fue el modelo binacional más exitoso de América Latina. Paraguay quiere replicarlo con Taiwán para Yguazú Digital. Lecciones de 50 años de historia.
El 8 de mayo de 2026, Santiago Peña y Lai Ching-te firmaron en Taipei un memorando de entendimiento para construir Yguazú Digital, un centro de datos de inteligencia artificial que en su fase final podría consumir 1.000 megavatios. La estructura propuesta es familiar para cualquier paraguayo: una entidad binacional, 50% Paraguay, 50% Taiwán, modelada explícitamente sobre Itaipú. Pero la pregunta que casi nadie está haciendo es si ese modelo —diseñado en 1973 para gestionar una represa hidroeléctrica entre vecinos— puede funcionar para gobernar infraestructura de inteligencia artificial entre países separados por 19.000 kilómetros de océano.
En resumen:
- Paraguay y Taiwán proponen para Yguazú Digital el mismo modelo de entidad binacional 50/50 que creó Itaipú en 1973. No existe ningún precedente mundial de gobernanza binacional aplicada a infraestructura de inteligencia artificial.
- Itaipú funcionó en gran medida porque Brasil garantizó la deuda, compró casi toda la energía y compartía frontera física con Paraguay. Ninguna de esas tres condiciones existe con Taiwán.
- Yacyretá, la otra entidad binacional paraguaya, costó entre cinco y ocho veces más de lo presupuestado y tardó décadas en alcanzar su capacidad de diseño. Es el espejo que Paraguay prefiere no mirar.
- El ICDF taiwanés es una agencia de cooperación al desarrollo, no un inversor con retorno comercial. El modelo financiero de Yguazú Digital para las fases II y III —donde se necesitan entre USD 5.000 y 40.000 millones— no está definido.
Itaipú no es solo la represa más grande del hemisferio occidental. Es el experimento de gobernanza binacional más longevo y exitoso de América Latina. Entender qué lo hizo funcionar —y qué falló— es el primer paso para saber si Yguazú Digital tiene sentido más allá del anuncio.
Cómo funciona Itaipú: el manual que Paraguay quiere reutilizar
La Entidad Binacional Itaipú fue creada por el Tratado firmado entre Paraguay y Brasil el 26 de abril de 1973. No es una empresa privada ni una agencia gubernamental ordinaria: es una persona jurídica de derecho internacional, con capacidad para contraer deuda, firmar contratos y operar infraestructura crítica de forma autónoma respecto a los gobiernos que la crearon —al menos sobre el papel.
Su estructura de gobierno es paritaria: un Consejo de Administración con seis miembros por país y una Dirección Ejecutiva compartida. Las decisiones requieren consenso: ningún país puede imponer su voluntad unilateralmente. El capital social se divide 50% para cada parte, y la energía producida —los 14.000 megavatios de potencia instalada— se reparte en mitades iguales. En la práctica, Paraguay consume menos del 15% de su mitad y vende el excedente a Brasil a precio de costo.
El financiamiento de la obra —aproximadamente USD 19.600 millones en valores históricos de construcción— provino casi enteramente de Brasil. Eletrobras, la eléctrica estatal brasileña, actuó como garante de los préstamos internacionales y como comprador monopólico de la energía que Paraguay no usaba. El Tesoro brasileño respaldó la deuda. Paraguay pagó su parte en electricidad, no en efectivo, durante casi cinco décadas. La última cuota de la deuda se canceló en 2023.
La cifra de construcción es solo una parte de la historia. Con intereses, refinanciaciones y una “cuenta espuria” que la Contraloría General de Paraguay denunció como deuda inflada artificialmente, Itaipú Binacional reporta que el monto total efectivamente pagado ascendió a USD 63.500 millones. Esa brecha —más de tres veces el costo de obra— es la otra lección del modelo binacional: la arquitectura institucional que hace posible la infraestructura compartida también puede hacer posible la opacidad financiera.
Este arreglo funcionó porque Brasil necesitaba desesperadamente la energía para alimentar su industrialización acelerada de los años setenta y ochenta. Sin esa demanda brasileña, sin la garantía de Eletrobras y sin la frontera compartida que hacía viable la transmisión, el Tratado de Itaipú probablemente no se habría firmado. Son tres condiciones que no se cumplen con Taiwán.
Yguazú Digital: parecido en el nombre, distinto en los hechos
El memorando de entendimiento firmado en Taipei establece que Yguazú Digital será una entidad con participación paritaria entre Paraguay y Taiwán. Las agencias ejecutoras son el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) del lado paraguayo y el Fondo de Cooperación y Desarrollo Internacional (ICDF) del lado taiwanés.
Esa última sigla es la primera diferencia fundamental con Itaipú. El ICDF no es Eletrobras. No es una empresa eléctrica con balance comercial, ni un banco de desarrollo con capacidad de estructurar deuda por decenas de miles de millones de dólares. Es una agencia de cooperación internacional cuyo mandato es financiar proyectos de desarrollo —salud, agricultura, educación— en los países aliados de Taiwán. Su presupuesto anual se mide en cientos de millones, no en decenas de miles de millones. Yguazú Digital Fase III proyecta movilizar hasta USD 40.000 millones.
El MoU es, además, un documento no vinculante. No obliga a ninguna de las partes a comprometer fondos, ni establece plazos perentorios, ni define un mecanismo de resolución de disputas. Las fases II y III —donde se concentra el 99% de la inversión proyectada— dependen de que el proyecto atraiga inversores privados mediante vehículos de propósito especial. El Estado taiwanés, a través del ICDF, solo participaría en la Fase I: 10 megavatios y entre USD 200 y 300 millones. Esa fase es esencialmente una prueba de concepto financiada con fondos de cooperación.
La diferencia con Itaipú no podría ser más grande. Itaipú nació con un tratado internacional ratificado por ambos congresos, un comprador monopólico garantizado, deuda estructurada por el Tesoro brasileño y un cronograma de construcción financiado de principio a fin. Yguazú Digital nace con un MoU, una agencia de cooperación como socio principal y un modelo de negocio que para la Fase II depende de inversores que todavía no aparecieron.
Yacyretá, CERN y lo que Paraguay ya debería haber aprendido
Paraguay ya intentó el modelo binacional una segunda vez. La Entidad Binacional Yacyretá, creada con Argentina en 1973 —el mismo año que Itaipú—, es el contraejemplo que el país prefiere no mencionar cuando habla de Yguazú Digital.
El costo original estimado de Yacyretá oscilaba entre USD 1.500 y 2.000 millones. El costo final superó los USD 11.500 millones. La obra se construyó en 11 años, pero tardó casi tres décadas en alcanzar su capacidad de diseño de 3.100 megavatios, operó durante casi dos décadas a cota 76 —un 40% por debajo de su capacidad— por disputas entre los dos países sobre el plan de terminación. Las comunidades afectadas por el embalse siguen esperando compensación completa.
La lección de Yacyretá no es que las entidades binacionales fallen. Es que sin un socio con incentivos económicos reales para que el proyecto funcione, sin un comprador que necesite el producto y sin mecanismos vinculantes de resolución de disputas, el modelo binacional puede convertirse en una trampa institucional de décadas.
Del otro lado del espectro está el CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Fundada en 1954 por 12 países europeos —hoy son 25—, el CERN gobierna la infraestructura científica más compleja del mundo: el Gran Colisionador de Hadrones, un anillo de 27 kilómetros de imanes superconductores que acelera partículas a velocidades cercanas a la luz. Su presupuesto anual supera los USD 1.500 millones, financiado por contribuciones de los estados miembros proporcionales a su PIB.
El CERN funciona con tres principios que Itaipú nunca tuvo y que Yguazú Digital necesitaría: decisiones basadas en mérito científico (no en cuotas nacionales), un comité de política científica independiente de los gobiernos, y un tratado que puede modificarse por consenso sin requerir renegociación completa. Esos principios están en las antípodas del modelo Itaipú, donde cada decisión relevante requiere acuerdo político al más alto nivel y el tratado es esencialmente inamovible.
Taiwán no es Brasil: la asimetría que importa
Brasil y Paraguay comparten 1.366 kilómetros de frontera, un ecosistema fluvial común y cinco siglos de historia entrelazada. Taiwán y Paraguay no comparten frontera, ni ecosistema, ni historia común anterior al establecimiento de relaciones diplomáticas en 1957. Están separados por 19.000 kilómetros, doce husos horarios y el Océano Pacífico entero.
La asimetría Itaipú era de tamaño: Brasil tiene 28 veces la población de Paraguay y 47 veces su PIB. Pero compartían un río y una necesidad concreta: energía. La asimetría Paraguay-Taiwán es de naturaleza. Taiwán no necesita la energía de Paraguay —tiene sus propios 27,5 teravatios-hora de consumo anual abastecidos por una matriz que incluye nuclear, gas natural licuado y carbón. Taiwán necesita aliados diplomáticos. Paraguay es el único país de Sudamérica que reconoce a la República de China, y en un contexto donde China Popular presiona sistemáticamente para aislar a la isla —en diciembre de 2024 Paraguay expulsó al diplomático chino Xu Wei por ofrecer acceso al mercado de carne a cambio de romper relaciones con Taiwán—, conservar esa alianza tiene valor geopolítico.
Eso no invalida a Yguazú Digital. Pero cambia la naturaleza del vínculo. En Itaipú el motor fue económico: energía a cambio de financiamiento. En Yguazú Digital, al menos en su fase actual, el motor es diplomático: infraestructura tecnológica a cambio de mantener la alianza. Eso no es necesariamente un problema —Canadá y Estados Unidos construyeron el puente de la Amistad en la frontera de Ontario motivados tanto por comercio como por diplomacia—. Pero entender la diferencia cambia lo que se puede esperar del proyecto.
Lo que Itaipú no cubre: datos, chips y soberanía digital
El Tratado de Itaipú regula turbinas, transformadores, líneas de transmisión y tarifas. No regula datos, propiedad intelectual, modelos de inteligencia artificial ni jurisdicción sobre información. Esas categorías no existían en 1973.
Yguazú Digital, si escala más allá de la Fase I, va a alojar GPUs, datasets de entrenamiento para modelos de lenguaje, información de ciudadanos paraguayos procesada por sistemas de IA y posiblemente propiedad intelectual generada por algoritmos corriendo en suelo paraguayo con capital taiwanés. El memorando propone un concepto novedoso: la “Embajada de Datos Digitales”, una figura que otorgaría inmunidad diplomática a los servidores y datos almacenados en el centro. No existe ningún precedente de derecho internacional que regule esto.
Tampoco existe un marco internacional de gobernanza para infraestructura de IA compartida entre estados. La Ley de IA de la Unión Europea, aprobada en 2024, regula la seguridad de productos y la transparencia algorítmica —pero no la propiedad o gobernanza de la infraestructura física donde esos algoritmos se entrenan. Las recomendaciones de UNESCO sobre ética de IA mencionan la gobernanza multiactor y la soberanía digital como principios, pero no ofrecen un modelo institucional concreto.
El análogo más cercano a lo que Paraguay y Taiwán están intentando no viene del mundo de la IA sino del mundo de las telecomunicaciones: los consorcios de cables submarinos de fibra óptica. Más de 600 cables atraviesan los océanos del planeta, cada uno gobernado por un consorcio de empresas de telecomunicaciones que comparten capacidad proporcionalmente a su inversión. Es un modelo contractual, no tratadístico, que funciona sin necesidad de crear una entidad binacional. La pregunta que Yguazú Digital todavía no responde es por qué necesita una estructura más compleja que la que usa el resto de la industria tecnológica global.
Conclusión
Paraguay tiene un manual de cincuenta años sobre cómo construir infraestructura compartida entre países. Funcionó con Itaipú —con límites— y fracasó con Yacyretá —con lecciones—. Aplicar ese manual a la inteligencia artificial no es absurdo. Pero requiere responder tres preguntas que el MoU de mayo de 2026 deja abiertas.
Primero, ¿quién compra? Itaipú funcionó porque Brasil necesitaba cada megavatio-hora que la represa producía. Yguazú Digital no tiene un cliente ancla con la escala de Eletrobras. Taiwán ya contactó a Google, Microsoft y Amazon, pero ninguna de esas empresas ha firmado una carta de intención.
Segundo, ¿quién paga? La deuda de Itaipú la estructuró el Tesoro brasileño. Para Yguazú Digital Fase II y III se necesitan entre USD 5.000 y 40.000 millones que el ICDF no puede —ni debe— proveer. Sin un mecanismo de financiamiento definido, las fases ambiciosas del proyecto son expresiones de deseo.
Tercero, ¿quién gobierna los datos? El Tratado de Itaipú no prevé la existencia de datos. Yguazú Digital va a generarlos en volúmenes industriales. La “Embajada de Datos Digitales” es una idea provocadora pero sin sustento legal. Paraguay necesita un marco jurídico que defina propiedad, jurisdicción y gobernanza de la información antes de que los servidores se enciendan.
El modelo Itaipú no es obsoleto. Pero fue diseñado para un mundo donde la infraestructura crítica era física, la energía era el producto, y el socio compartía frontera. La inteligencia artificial no es ninguna de esas tres cosas. Paraguay puede aprender de Itaipú —de sus aciertos y de sus errores—. Pero necesitará inventar algo nuevo.
Más análisis en el Observatorio de IA en Paraguay.
Fuentes
- Tratado de Itaipú — Wikipedia (1973)
- Itaipú Binacional — sitio oficial
- Yguazú Digital — cobertura del MoU, ABC Color (mayo 2026)
- Wikipedia — Yacyretá Dam
- CERN — Governance structure
- ICDF Taiwan — sitio oficial
- AP News — Paraguay expulsa a diplomático chino Xu Wei (diciembre 2024)
- Wikipedia — Paraguay-Taiwan relations
- UNESCO — Recommendation on the Ethics of AI (2021)
- European Union — AI Act (2024)
- Submarine cable consortia — Telegeography
- Stargate Project — OpenAI / SoftBank JV structure (2025)
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co — energy consumption data
