muchotexto.net Observatorio de IA en Paraguay

Qué le pasa a una ciudad paraguaya cuando llega un data center

HIVE Digital invirtió USD 56M en Yguazú y opera 300 MW. La comunidad recibió mejoras en escuelas y empleo temporal en construcción. Después, la relación se vuelve más compleja.

A mediados de 2025, una empresa de infraestructura digital que cotiza en la TSX de Canadá —HIVE Digital Technologies, con sede operativa en San Antonio, Texas— completó la construcción de dos subestaciones eléctricas en Yguazú y Valenzuela, dos distritos del departamento de Cordillera y Alto Paraná. En seis meses, HIVE pasó de cero a 300 megavatios de capacidad instalada en Paraguay, una operación de minería de Bitcoin que factura más que el presupuesto municipal de varias ciudades paraguayas juntas. ¿Qué cambió en esas comunidades cuando el data center llegó? La respuesta es más compleja —y más aleccionadora— de lo que sugieren los comunicados de prensa.

En resumen:

  • HIVE Digital opera 300 MW en Yguazú y Valenzuela tras invertir USD 56M en la compra del predio y USD 19M en depósitos de energía con ANDE. La construcción duró seis meses y empleó entre 800 y 1.500 trabajadores temporales. La operación permanente ocupa entre 60 y 150 personas.
  • La infraestructura que construyó HIVE —subestaciones eléctricas, fibra óptica— es privada y dedicada. No hay evidencia de que la red eléctrica residencial de Yguazú o Valenzuela haya mejorado por la presencia del data center.
  • A nivel global, USD 156.000 millones en proyectos de data centers fueron bloqueados o retrasados en 2025 por oposición comunitaria. En Virginia, 42 grupos de vecinos protestan contra los data centers a pesar de que representan un tercio de los impuestos a la propiedad del condado.
  • Paraguay no tiene ninguna regulación específica para data centers: no hay cuotas de contratación local, no hay obligaciones de beneficio comunitario, no hay evaluaciones de impacto ambiental obligatorias para esta actividad.

El debate sobre los data centers en Paraguay suele concentrarse en los grandes números: los megavatios, los miles de millones de dólares, la geopolítica de los semiconductores. Pero los data centers no se instalan en hojas de Excel. Se instalan en distritos. Y la diferencia entre un data center que enriquece a su comunidad y uno que la exprime está en las reglas que el país establece —o deja de establecer— antes de que lleguen.

Yguazú y Valenzuela: el laboratorio paraguayo

HIVE Digital no llegó a Yguazú desde cero. Compró un predio que ya tenía 200 MW de capacidad contratada con ANDE, originalmente desarrollado por Bitfarms, otra minera de Bitcoin que en enero de 2025 vendió el sitio y un año después —en enero de 2026— completó su salida de Paraguay con la venta del predio Paso Pe (70 MW) por hasta USD 30 millones. HIVE pagó USD 56 millones —USD 25 millones al cierre y USD 31 millones en seis meses— y asumió USD 19 millones en depósitos de contratos de compra de energía que Bitfarms ya tenía con la ANDE.

Simultáneamente, HIVE construyó desde cero su propio predio en Valenzuela: 100 MW adicionales. La construcción de ambos sitios —300 MW en total— se completó en seis meses, un ritmo de ejecución que el CEO de HIVE, Aydin Kilic, calificó como “uno de los programas de expansión más grandes de la historia” de la empresa.

Durante esos seis meses, la construcción demandó entre 800 y 1.500 trabajadores temporales, según estimaciones del sector. En Paraguay, donde proyectos de escala comparable como el parque industrial Acereste reportan alrededor de 100 obreros locales durante su fase de obra, el impacto en el empleo zonal durante la construcción fue significativo aunque breve.

HIVE también invirtió en las escuelas de Valenzuela: instaló aire acondicionado, renovó el cableado eléctrico y pintó aulas. Las fotos de esas mejoras están documentadas en el sitio web de la empresa. Pero no hay cobertura de prensa paraguaya que verifique de forma independiente el alcance de esas inversiones, ni testimonios de la comunidad sobre qué significaron en la práctica. La cobertura de medios locales sobre HIVE —cinco artículos en La Nación, cero en ABC Color— enmarca a la empresa como parte del “polo industrial” de Yguazú, un relato sin disidencia visible.

Lo que un data center construye y lo que no comparte

Las dos subestaciones que HIVE construyó en seis meses son infraestructura de nivel industrial. La de Yguazú tiene capacidad de 200 MW —el doble de lo que consume la primera fase— y una tercera subestación de 100 MW está en construcción para el proyecto de GPU e inteligencia artificial. Son inversiones que cualquier municipio paraguayo tardaría años —o décadas— en conseguir por la vía del presupuesto público.

Pero son inversiones privadas, dedicadas exclusivamente al data center. La electricidad que procesan los ASICs de HIVE no pasa por la red residencial de Yguazú. La fibra óptica que conecta los servidores de BUZZ AI Cloud en Asunción con los investigadores de Columbia University en Nueva York no extendió la banda ancha a las casas de Valenzuela. La mejora en la infraestructura eléctrica de la zona —una subestación nueva, líneas de transmisión reforzadas— beneficia indirectamente la estabilidad del sistema, pero no se traduce en una rebaja de tarifa para el vecino ni en una reducción de los cortes de luz en el barrio.

Este patrón no es exclusivo de Paraguay. En Loudoun County, Virginia —el “Data Center Alley” que alberga más de 200 centros de datos y concentra el 70% del tráfico mundial de internet—, las líneas de transmisión de alta tensión cruzan los patios de las casas pero los vecinos no reciben un descuento en su factura de electricidad. Las subestaciones son ruidosas, los transformadores zumban las 24 horas y el tendido eléctrico —diseñado para alimentar servidores, no hogares— modificó el paisaje sin modificar la calidad del servicio residencial.

Los empleos que llegan y los que no

HIVE emplea entre 60 y 150 personas en sus operaciones paraguayas, según la estimación estándar de la industria: entre 20 y 50 empleos directos por cada 100 megavatios de capacidad instalada. Para los 300 MW actuales, eso representa entre 0,2 y 0,5 empleos por megavatio —la densidad laboral más baja de cualquier sector industrial comparable.

Los puestos son mayoritariamente técnicos: operadores de los contenedores de minería, electricistas para el mantenimiento de las subestaciones, personal de seguridad y vigilancia, y una capa administrativa y gerencial mínima. La mayoría de estos puestos no requieren formación universitaria, pero sí capacitación técnica específica que HIVE proporciona internamente. Los salarios del sector en Paraguay no están documentados públicamente, pero el rango estimado para posiciones técnicas de operación en la industria oscila entre 1,5 y 3 salarios mínimos.

La promesa de “empleo masivo” que a veces acompaña los anuncios de data centers no se sostiene contra los números. La construcción de Yguazú generó cientos de empleos temporales durante seis meses. La operación permanente generó decenas. Para un distrito de 10.000 habitantes como Valenzuela, 60 empleos estables no son irrelevantes —representan aproximadamente el 1,5% de la población económicamente activa local—. Pero están muy lejos de la narrativa de “transformación económica” que suele envolver estos proyectos.

El contraste con otros sectores es instructivo. Una planta de autopartes en el régimen de maquila emplea típicamente entre 200 y 500 personas para una inversión similar. Un call center de 500 posiciones ocupa más gente que un data center de 300 MW. La razón es estructural: los data centers son intensivos en capital y en energía, no en trabajo.

Lo que Virginia, Irlanda y Suecia ya aprendieron

Loudoun County, en el norte de Virginia, es el caso más extremo del mundo. Más de 200 data centers operan en un condado de 430.000 habitantes. Pagaron USD 733 millones en impuestos a la propiedad en 2024 —cubriendo aproximadamente un tercio del total recaudado— y representan el 38% del Fondo General del condado. Ese alivio fiscal ha permitido que los residentes tengan una de las tasas impositivas más bajas del estado. Pero 42 grupos de vecinos protestan activamente contra la expansión de los data centers. Las quejas son consistentes: ruido constante de ventiladores y generadores, líneas de transmisión que cruzan propiedades residenciales, pérdida de paisaje rural y —en el caso de Warrenton, una ciudad vecina— el voto unánime para remover a todos los concejales que aprobaron un data center de Amazon.

Irlanda es el espejo en el que Paraguay debería mirarse. El país europeo atrajo más de 80 data centers con una combinación de bajos impuestos corporativos, clima templado que reduce el costo de refrigeración y acceso a energía eólica. En 2025, los data centers irlandeses consumían el 23% de toda la electricidad del país —más que todos los hogares urbanos combinados (18%)—. El regulador energético (CRU) impuso una moratoria de facto de cuatro años a nuevas conexiones en el área de Dublín porque la red simplemente no daba abasto. Irlanda no planificó. Dejó que los data centers llegaran y después intentó controlarlos.

Suecia muestra un camino distinto. En Luleå, una ciudad de 80.000 habitantes a 100 kilómetros del Círculo Polar Ártico, Facebook instaló un data center de aproximadamente 100 MW en 2013. La ciudad negoció activamente: el calor residual del data center se incorporó al sistema de calefacción distrital, reduciendo la factura energética de los vecinos. El municipio exigió contratación local para la construcción y estableció un diálogo permanente con la empresa. Pero incluso en esas condiciones, el impacto en el empleo permanente fue modesto —menos de 200 puestos para 100 MW— y la principal contribución del data center a la economía local siguió siendo, como en todas partes, la energía barata que consumía, no la riqueza que distribuía.

Paraguay no tiene una sola regulación específica para data centers. La Ley 7599 de 2025 y el Decreto 6034 de 2026 abrieron el sector eléctrico a la inversión privada y crearon la categoría de consumidores intensivos. La Ley de Maquila (60/90) permite a los data centers exportar servicios de cómputo con un impuesto del 1% sobre el valor agregado nacional y exención de IVA y aranceles en la importación de equipos. Son marcos habilitadores —atraen inversión—, no regulatorios —no protegen a la comunidad—.

No existe una cuota mínima de contratación de mano de obra local. No existe una obligación de compartir infraestructura eléctrica o de conectividad con la comunidad. No existe un requisito de evaluación de impacto ambiental específico para data centers —la Ley 294/1993 de evaluación de impacto ambiental aplica genéricamente pero nunca fue aplicada al sector—. La Ley 3001/2006, que exige una compensación ambiental del 1% del costo del proyecto para actividades de alto impacto, podría aplicar en teoría, pero nunca fue invocada para un data center o una operación de criptominería.

Chile, en contraste, diseñó el Plan Nacional de Data Centers (PDATA) con metas explícitas: triplicar la capacidad instalada para 2030, atraer USD 2.500 millones en inversión y establecer criterios de sostenibilidad para el uso de agua y energía. Es un marco estratégico que le da al Estado herramientas para negociar con los operadores antes de que lleguen. Paraguay no tiene un PDATA. Lo más cercano es el memorando de entendimiento de Yguazú Digital, un documento no vinculante que no establece obligaciones concretas para ninguna de las partes.

Conclusión

Paraguay está en una posición que ningún otro país tiene: los data centers están llegando, el marco regulatorio todavía no existe y la ventana para construirlo sigue abierta. Loudoun County no puede deshacer 20 años de data centers. Irlanda no puede recuperar el 23% de su electricidad. Paraguay sí puede decidir ahora qué tipo de relación quiere entre sus comunidades y la infraestructura digital que se instala en ellas.

Esa decisión requiere tres cosas. Una: exigir evaluaciones de impacto ambiental y social antes de aprobar nuevas conexiones de alta tensión para data centers. Dos: establecer cuotas mínimas de contratación local —no solo en la construcción, también en la operación— y mecanismos para que la recaudación fiscal de los data centers se reinvierta en los municipios donde operan. Tres: negociar acuerdos de beneficio comunitario vinculantes, como el uso del calor residual para calefacción —viable en el sur de Paraguay— o la extensión de fibra óptica a las comunidades vecinas.

La llegada de un data center a un distrito paraguayo puede ser la mejor noticia en décadas o el inicio de una tensión que va a durar generaciones. La diferencia entre un escenario y el otro no la hace el data center. La hacen las reglas que el país escribe antes de que llegue.

Más análisis en el Observatorio de IA en Paraguay.

Fuentes

  1. HIVE Digital Technologies — FY2026 Financial Results (junio 2026)
  2. HIVE Digital Technologies — Adquisición de Yguazú 200 MW (enero 2025)
  3. HIVE Digital Technologies — Operaciones en Paraguay
  4. Baker Tilly — Community Benefit Agreements for Data Centers (2025)
  5. Rest of World — The Global Backlash Against Data Centers (2025)
  6. EDF — Data Center Community Impacts Report (2025)
  7. Ley 7599/2025 — Apertura del sector eléctrico paraguayo
  8. Ley 60/90 — Régimen de Maquila, Paraguay
  9. Ley 3001/2006 — Evaluación de impacto ambiental
  10. Wikipedia ES — Sector eléctrico en Paraguay
  11. EirGrid — Ireland data center moratorium (2023)
  12. Forbes — South America’s AI Infrastructure Reality Check (enero 2026)
  13. Chile PDATA — Plan Nacional de Data Centers (2025)
César Sánchez

César Sánchez

Consultor en automatización con IA generativa, anotación de datos para modelos de lenguaje y desarrollo de soluciones basadas en IA aplicada. Fundó en 2005 uno de los primeros medios digitales sobre tecnología en Paraguay y ha trabajado con marcas como Coca-Cola en generación de contenido con IA. Creador del observatorio de IA en Paraguay.