Paraguay tiene los datos judiciales que la IA necesita
Paraguay digitalizó sus tribunales pero todavía no usa inteligencia artificial. Qué puede aprender de COMPAS, Prometea y VICTOR.
En 2016, mientras el mundo se escandalizaba con el algoritmo COMPAS —una herramienta que predecía el doble de falsos reincidentes entre acusados negros que entre blancos—, Paraguay inauguraba su Expediente Judicial Electrónico con una Acordada de la Corte Suprema. Diez años después, el país digitalizó sus 18 circunscripciones judiciales. Pero en esos diez años, ningún tribunal paraguayo ha usado inteligencia artificial para tomar una sola decisión. La pregunta ya no es si eso va a cambiar. Es si Paraguay va a aprender de los errores que otros ya cometieron antes de apretar el botón.
Paraguay no parte de cero. El Poder Judicial viene de una década de transformación digital que creó exactamente el tipo de infraestructura que la IA necesita para funcionar: datos judiciales estructurados, firmas digitales, presentaciones en línea y notificaciones electrónicas. Esa base de datos es el insumo más valioso para cualquier sistema de IA. El problema es que nadie la está usando con ese propósito.
El expediente electrónico: la base silenciosa
El 10 de octubre de 2016, Paraguay lanzó su Expediente Judicial Electrónico en dos tribunales de Asunción. Lo hizo sin aspavientos, con la Acordada N° 1107 de la Corte Suprema como único marco. Para 2021, el sistema ya cubría las 18 circunscripciones judiciales del país —desde Capital hasta Boquerón— y la Sala Penal operaba completamente en la plataforma. En julio de 2026, la expansión llegó a los Juzgados Penales de Sentencia de Saltos del Guairá y al Juzgado de Ejecución Penal de Canindeyú.
Los números son modestos pero reales: aproximadamente el 42% de los Juzgados de Paz ya están integrados, con proyección de expansión durante 2026. La Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (DTIC) del Poder Judicial tiene tres subdirecciones, una de ellas dedicada a ciberseguridad —una señal de madurez organizacional que no existía hace cinco años.
El Plan Estratégico Institucional 2026-2030 prioriza la digitalización. La Corte Suprema firmó en julio de 2026 un convenio con la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) para inversiones en infraestructura. Paraguay ya sufrió ciberataques chinos y su defensa tiene 13 años —la madurez de la DTIC es una respuesta directa a esa vulnerabilidad. El Observatorio Judicial monitorea 186 causas de interés público con seguimiento en tiempo real. Todo esto es base de datos. Todo esto es materia prima para algoritmos. Y sin embargo, la palabra “inteligencia artificial” no aparece en ningún documento oficial del Poder Judicial.
Lo que pasó cuando otros países apretaron el botón
El caso más famoso de IA judicial no es un éxito. Es una advertencia.
En 2016, ProPublica publicó una investigación que se volvería referencia obligada en cualquier debate sobre algoritmos y justicia. Analizaron 7.000 casos del condado de Broward, Florida, donde se usaba COMPAS —un algoritmo de evaluación de riesgo de reincidencia creado en 1998 por Northpointe (ahora Equivant)— para decidir libertades bajo fianza, sentencias y libertad condicional. Los resultados fueron demoledores: el algoritmo etiquetó falsamente como “alto riesgo” al 44.9% de los acusados negros, contra apenas el 23.5% de los blancos. Incluso controlando por historial criminal, edad y género, los acusados negros tenían un 77% más de probabilidad de ser catalogados como “violentos” por la máquina.
La precisión general del sistema era del 61%. Apenas mejor que tirar una moneda al aire. Y el algoritmo era propietario —su fórmula completa nunca se reveló, protegida como secreto comercial.
Pero no todos los casos son de fracaso. Estonia probó en 2019 un sistema de “juez robot” para disputas menores de 7.000 euros, diseñado para liberar a los jueces humanos de casos rutinarios. El proyecto se pausó por objeciones legales y preocupaciones sobre transparencia algorítmica, pero el concepto —un sistema de dos niveles donde la IA resuelve las disputas simples y un juez humano revisa las apelaciones— sigue siendo el modelo que más países están evaluando.
China desplegó “tribunales inteligentes” con IA para tareas específicas: transcripción automática, búsqueda de jurisprudencia, redacción asistida de sentencias, e incluso evaluación de riesgo de reincidencia. La escala es incomparable con cualquier otro país —pero también lo es la opacidad del sistema y la ausencia de auditoría independiente.
El espejo latinoamericano
América Latina está más cerca de Paraguay que Estonia o China, y varios países ya tienen sistemas funcionando.
Argentina tiene Prometea desde 2017. Desarrollado por la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires y el laboratorio de innovación de la Universidad de Buenos Aires (IALAB), Prometea usa IA para predecir la resolución de casos judiciales y automatizar la redacción de dictámenes. En casos de habeas data, redujo el tiempo de resolución fiscal de 90 minutos a 1 minuto. En el fuero contencioso administrativo, alcanzó una tasa de acierto del 96%. No reemplaza al fiscal: le prepara el borrador para que lo revise.
Colombia tiene PretorIA en la Corte Constitucional. La Corte revisa aproximadamente 2.500 casos de tutela por año —el equivalente a los amparos en Paraguay— que ingresan por miles anualmente. PretorIA identifica patrones y precedentes para acelerar la selección de los que ameritan revisión.
Brasil tiene VICTOR en el Supremo Tribunal Federal desde 2018. Su función es específica y modesta: leer recursos extraordinarios, identificar el tema jurídico central y agruparlos por similitud. No decide nada. Solo organiza. Pero en un tribunal que recibe más de 70.000 procesos por año, esa organización es la diferencia entre resolverse en meses o en años.
Ninguno de estos sistemas es ciencia ficción. Todos son herramientas de productividad judicial que asisten —no reemplazan— al juez humano. Y todos comparten una característica con Paraguay: sistemas judiciales sobrecargados donde la velocidad de resolución es el principal problema.
Lo que Paraguay no tiene (y necesita antes de implementar IA)
Paraguay no tiene legislación específica sobre inteligencia artificial. El Sistema de Información Legislativa (SILPy) no registra ningún proyecto de ley en trámite sobre el tema. La Ley 7593 de Protección de Datos Personales, promulgada en 2025 y con entrada en vigencia prevista para 2027, incluye disposiciones sobre decisiones automatizadas y derecho a explicación algorítmica —pero está en vacatio legis, y su reglamentación aún no existe. Paraguay aprobó su primera ley integral de protección de datos con implicancias directas para cualquier sistema automatizado de decisiones, pero la justicia todavía no ha adaptado sus procesos a ese estándar.
Lo que falta no es solo la ley. Es el ecosistema completo:
- Criterios de supervisión humana: ningún tribunal paraguayo tiene un protocolo para decidir cuándo un juez debe revisar una decisión algorítmica.
- Validez probatoria: ¿una predicción de riesgo generada por IA es admisible como prueba en un juicio paraguayo? Nadie lo ha definido.
- Transparencia algorítmica: si un algoritmo recomienda una sentencia, ¿el acusado tiene derecho a saber cómo llegó a esa conclusión? La Ley 7593 dice que sí —pero solo cuando entre en vigencia.
- Formación de magistrados: no existe ningún programa de capacitación judicial sobre IA en Paraguay.
- Auditoría independiente: no hay ningún organismo con competencia para auditar sistemas algorítmicos en el sector público.
En paralelo, el ecosistema tech paraguayo no tiene startups de legaltech con IA. La inversión local en inteligencia artificial se concentra en infraestructura: Yguazú Digital, HIVE, X8Cloud, Pardat Holding y Dominion AI están construyendo data centers por cientos de millones de dólares, pero ninguna empresa paraguaya está desarrollando software para administrar justicia. Paraguay está construyendo el hardware antes que el software, los data centers antes que los algoritmos.
¿Justicia más rápida o justicia más injusta?
La promesa de la IA en la justicia es seductora: miles de causas resueltas en minutos en vez de años, patrones de jurisprudencia detectados automáticamente, jueces liberados del trabajo repetitivo para concentrarse en lo que requiere criterio humano. En Paraguay, donde un juzgado puede arrastrar expedientes por una década, ese argumento pesa.
El riesgo está documentado. El sesgo algorítmico no es un bug —es una propiedad inherente a cualquier sistema entrenado con datos históricos. Si los datos reflejan los sesgos de la sociedad que los produjo —y Paraguay no es inmune al sesgo estructural en su sistema judicial—, la IA no los va a corregir. Los va a automatizar.
La Unión Europea clasificó los sistemas de IA en justicia como “de alto riesgo” en su AI Act. La UNESCO, en su recomendación de 2021 sobre ética de la IA, pidió explícitamente supervisión humana en toda decisión judicial que use algoritmos. Y la investigación de Dressel y Farid en Science Advances demostró matemáticamente que no existe una definición única de “imparcialidad algorítmica”: un sistema puede ser justo según una métrica y profundamente sesgado según otra.
Paraguay tiene una ventana de oportunidad. Llega décimo a una carrera donde otros ya se cayeron, aprendieron y se levantaron. Tiene la base de datos del expediente electrónico, el marco de protección de datos en camino, y un ecosistema de infraestructura en expansión. Lo que no tiene —y lo que necesita antes de apretar el botón que Estonia, Brasil y Argentina ya apretaron— es la humildad de saber que importar un algoritmo es más fácil que importar la regulación, la auditoría y la transparencia que evitan que ese algoritmo haga más daño que el que pretende resolver.
Este artículo es parte del Observatorio de IA en Paraguay, una guía viva sobre cómo la inteligencia artificial está transformando el país.
Fuentes
- Poder Judicial Paraguay — Expediente Judicial Electrónico (2026)
- Poder Judicial Paraguay — Implementación en Saltos del Guairá (2 jul 2026)
- ProPublica — “Machine Bias” (Angwin, Larson, Mattu, Kirchner, 23 may 2016)
- Dressel & Farid — “The accuracy, fairness, and limits of predicting recidivism” (Science Advances, 2018)
- Wired — “Estonia wants an AI-powered judge” (marzo 2019)
- UNESCO — “Prometea: Artificial Intelligence in the Buenos Aires Public Prosecutor’s Office”
- Supremo Tribunal Federal — Projeto VICTOR
- Corte Constitucional de Colombia — PretorIA
- EU AI Act — Reglamento (UE) 2024/1689
- UNESCO — Recomendación sobre la Ética de la IA (2021)
- Ley N° 7593/2025 — Protección de Datos Personales
