Criptomineria en Paraguay: el costo real de la energia barata

07 Jul 2026 •

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Hay un dato que explica mejor que cualquier análisis la relación de Paraguay con la criptominería: dos tercios de las empresas mineras que operan en el país no tienen empleados formales. En total, el sector registra 383 trabajadores en el Instituto de Previsión Social. Para ponerlo en perspectiva, la energía que consumen estas operaciones —entre 400 y 500 megavatios— equivale al consumo de una ciudad de 750.000 personas, más que la población de Asunción.

Paraguay es el cuarto país del mundo con mayor tasa de hash de bitcoin, detrás de Estados Unidos, Rusia y China. Tiene aproximadamente el 4.3% del poder de cómputo global de la red. Llegó a esa posición sin una ley de criptoactivos, sin un plan nacional de desarrollo tecnológico que incluya al sector, y con una empresa estatal de electricidad —la ANDE— que libra una guerra silenciosa contra las conexiones ilegales mientras factura cientos de millones de dólares a las legales. Este artículo es un intento de entender qué está pasando, cuánto cuesta de verdad, y si el saldo es positivo o negativo para el país.

De la fiebre del oro digital: quiénes minan y cuánto consumen

La historia arranca, como casi todas las historias de la criptominería global, con la prohibición china de 2021. Cuando el gobierno de Xi Jinping expulsó a los mineros del país —que hasta ese momento concentraban entre el 65 y el 75% del hashrate mundial—, los operadores buscaron tres cosas: electricidad barata, estabilidad regulatoria y un gobierno que no les confiscara las máquinas. Paraguay ofrecía las tres.

El precio de la electricidad industrial para minería en Paraguay oscila entre 0.03 y 0.05 dólares por kilovatio-hora. Es el más bajo de Sudamérica —Argentina está en 0.06-0.10, Brasil en 0.08-0.15, Chile en 0.10-0.18— y uno de los cinco más competitivos del mundo, comparable con Texas y Quebec. La razón es estructural: Paraguay genera, gracias a Itaipú, Yacyretá y Acaray, aproximadamente ocho veces más electricidad de la que consume. El excedente históricamente se cedió a Brasil a precios por debajo del mercado. La minería de criptoactivos apareció como un comprador local dispuesto a pagar más que el precio de exportación.

El operador más grande es HIVE Digital, una empresa canadiense que opera 200 megavatios y está expandiendo a 400. Le siguen Pow.re (también canadiense), Teratech SA y Penguin Digital (paraguayas). La Cámara Paraguaya de Minería de Activos Digitales (CAPAMAD) estima una inversión acumulada de más de 1.100 millones de dólares en infraestructura: 100 millones en data centers, 20 millones en subestaciones eléctricas y hasta 1.000 millones en equipos de procesamiento.

Pero no todo es expansión. Bitfarms, uno de los mineros más grandes que operaban en Paraguay, abandonó el país en enero de 2026 con una pérdida contable de 30 millones de dólares. Alps Blockchain, un operador italiano, se fue en 2025 con 40 millones de euros en equipos. Al menos diez empresas mineras cerraron operaciones en los últimos dos años. El motivo recurrente: el aumento de tarifas y la incertidumbre regulatoria.

ANDE contra los mineros: la guerra por los megavatios

La relación entre la ANDE y el sector minero es, para decirlo con precisión, esquizofrénica. Por un lado, la empresa estatal facturó aproximadamente 170 millones de dólares del sector en 2024, con proyecciones de 350 a 400 millones para 2026. Es uno de sus clientes industriales más importantes. Por otro lado, la ANDE presentó 64 denuncias penales por conexiones ilegales solo hasta abril de 2024, y realizó al menos 14 intervenciones en el mismo período. El total estimado de intervenciones desde que empezó la ofensiva supera las 100.

Las pérdidas por hurto de energía —conexiones directas a la red de media tensión sin medidor, maniobras que requieren conocimiento técnico y complicidad interna— se estiman entre 50 y 80 millones de dólares anuales. Es decir: casi la mitad de lo que el sector paga legalmente. Se han detectado redes de funcionarios de la ANDE que facilitaban conexiones clandestinas y emitían facturación falsa para encubrir el consumo real.

La paradoja es doble. La minería ilegal existe porque la electricidad es tan barata que incluso pagarla es opcional para quien tiene acceso a una conexión clandestina. Y la ANDE, la misma empresa que persigue a los mineros ilegales, depende crecientemente de los ingresos de los mineros legales para sostener su estructura tarifaria.

En 2022, la ANDE intentó aumentar las tarifas a los mineros en un 60%. El Congreso intervino y rechazó una ley que habría consolidado el aumento. Desde entonces, la solución han sido los contratos de compra de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés), que dan previsibilidad a ambas partes pero que vencen, en su mayoría, en 2027. Ese año —el mismo en que se renegocia el Anexo C de Itaipú y en que entra en vigor la apertura del sector eléctrico al capital privado— va a definir el futuro del sector.

383 empleos para 500 megavatios: la pregunta que nadie quiere responder

El dato más incómodo de la criptominería en Paraguay no es el consumo energético ni las conexiones ilegales. Es la relación entre la energía que consume y el empleo que genera.

Según el Instituto de Previsión Social, hay 383 personas empleadas formalmente en todo el sector. La propia CAPAMAD, en su estimación más optimista, habla de 500 empleos directos y 1.250 indirectos. Aun tomando la cifra de la cámara, la relación es de aproximadamente un empleo directo por megavatio. Para comparar: la industria manufacturera paraguaya —maquila textil, autopartes, alimentos— genera entre 5 y 15 empleos por megavatio consumido, según datos del Ministerio de Industria y Comercio.

La minería de bitcoin es intensiva en capital y en energía, pero no en trabajo humano. Una granja de 100 megavatios puede operar con menos de 50 personas: técnicos de mantenimiento, ingenieros eléctricos, personal de seguridad. Los ASIC —los chips especializados que realizan el cómputo— no necesitan operarios que los vigilen. Funcionan solos, las 24 horas, hasta que se vuelven obsoletos. La vida útil promedio de un ASIC es de 1.29 años, tras lo cual se convierte en residuo electrónico.

Ese residuo es otro problema que Paraguay no ha empezado a dimensionar. TEDIC, la organización que más ha investigado el sector, señala que el país “está atrasado en términos de regulaciones” para manejar los desechos de equipos mineros. Una sola transacción de bitcoin genera 82.6 gramos de residuo electrónico. La red en su conjunto produce 21.000 toneladas anuales, comparables a los residuos de pequeños equipos informáticos de todo un país como Países Bajos.

Los defensores del sector argumentan que los empleos, aunque pocos, son de alta calidad: ingenieros y técnicos con salarios muy por encima de la media paraguaya. Y que los efectos indirectos —servicios profesionales, alquileres, consumo local— no se capturan en la planilla del IPS. Es cierto. Pero también es cierto que ninguna otra industria en Paraguay consume tanta energía para generar tan poco empleo directo.

La paradoja verde: minería limpia sobre energía limpia

Que Paraguay tenga una matriz eléctrica casi 100% hidroeléctrica es, al mismo tiempo, el principal argumento ambiental a favor de la criptominería en el país y su mayor contradicción.

A favor: la energía que consumen los mineros no emite dióxido de carbono en su generación. No se está quemando carbón ni gas para minar bitcoin en Paraguay. Si el mundo va a seguir minando criptoactivos —y todo indica que sí—, hacerlo donde la energía es renovable y abundante es preferible a hacerlo donde la matriz es fósil.

En contra: el hecho de que la energía sea limpia no significa que su uso para minería sea la mejor asignación posible. El investigador Guillermo Achucarro, de la Universidad Autónoma de Barcelona, define la criptominería en Paraguay como “extractivismo puro: empresas privadas extraen recursos naturales para beneficio extranjero, por lo general del norte global, sin que quede nada de valor agregado en tu país”. La energía hidroeléctrica es un recurso natural, igual que la soja o la carne. Que sea renovable no la hace inagotable.

En 2024, una sequía prolongada —una de las peores en 80 años en la cuenca del río Paraná— redujo la generación de Itaipú en un 20%. La vulnerabilidad climática de la matriz hidroeléctrica paraguaya no es una hipótesis: es un evento que ya ocurrió. En un escenario de estrés hídrico, cada megavatio que consume un ASIC minando bitcoin es un megavatio que no está disponible para hospitales, industrias o para la exportación a precios de mercado.

El caso Villarrica ilustra el costo social. Vecinos de una granja de Bitfarms en esa ciudad denunciaron seis meses de ruido continuo de ventiladores industriales a más de 75 decibeles —el umbral a partir del cual la exposición prolongada causa daño auditivo. La granja operaba 16.200 máquinas con 44 empleados. Los vecinos presentaron el primer juicio en América Latina contra un data center de criptominería por contaminación sonora. El caso todavía está en tribunales.

El reloj de 2027: ¿criptominería o centros de datos?

El sector minero en Paraguay tiene una fecha de vencimiento: 2027. Ese año vencen la mayoría de los contratos de suministro eléctrico entre la ANDE y los mineros. Es también el año en que se renegocia el Anexo C del Tratado de Itaipú —que define cuánta energía le corresponde a Paraguay y a qué precio se la compra Brasil— y el año en que entra en vigor la Ley 7593 de protección de datos, la misma que analizamos en nuestro artículo anterior.

En ese mismo horizonte temporal, Paraguay está apostando a un modelo económico distinto: los centros de datos de inteligencia artificial. Yguazú Digital, el proyecto con Taiwán, apunta a consumir —en su fase final— un gigavatio de potencia, el doble de lo que consume hoy todo el sector de criptominería. Pero mientras la minería de criptoactivos genera 0.5 empleos por megavatio, los centros de datos de IA prometen —al menos sobre el papel— mayor valor agregado, transferencia tecnológica, becas de formación y un ecosistema de servicios alrededor.

La pregunta no es si Paraguay debe elegir entre una cosa y la otra. El país tiene suficiente energía para ambas, al menos por ahora. La pregunta es si la energía más barata y limpia de Sudamérica debería usarse para alimentar máquinas que resuelven problemas criptográficos cuyo valor social es, como mínimo, discutible.

La criptominería en Paraguay es una industria que llegó sin ser invitada, se instaló aprovechando una ventaja comparativa real, genera ingresos fiscales y para la ANDE, y opera en un vacío regulatorio que el Estado recién está empezando a llenar. Es también una industria que genera poquísimo empleo para la energía que consume, que tiene un ala ilegal significativa, y cuyo producto final —bitcoin— no circula en la economía paraguaya ni beneficia al ciudadano que paga la tarifa de ANDE todos los meses.

En 2027, cuando venzan los contratos, Paraguay va a tener que decidir si quiere ser el sótano energético de la red bitcoin o si prefiere usar esa misma energía para otra cosa. La decisión no es técnica: es política. Y hasta ahora, nadie la está tomando.